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ierra el texto de la Constitución la llamada disposición final que establece su entrada en vigor el mismo día de la publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, se establece que la Constitución se publicará también en las demás lenguas de España.

El Estado social y democrático de Derecho.

El artículo 1.1 de la Constitución, dentro de su Título Preliminar, dispone que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Interesa analizar, por tanto, los tres adjetivos que al Estado español le adjudica la Constitución de 1.978: social, democrático y de Derecho.

El Estado social tiene como finalidad alcanzar la justicia social corrigiendo las desigualdades sociales o naturales que existen entre las personas, “enriqueciendo los derechos de aquellos menos dotados y limitando los derechos de quienes tienen una superioridad natural, social o económica” (L. Sánchez Agesta).

El Estado democrático se encuentra relacionado con el pluralismo político y con que los poderes del Estado emanen del pueblo, depositario de la soberanía nacional e implica, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el principio de las mayorías debe presidir el funcionamiento de las instituciones y también, por expreso deseo de la Constitución, de aquellas organizaciones sociales con fines de interés general como los partidos políticos (art. 6), los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales (art. 7), los colegios profesionales (art. 36) y las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios (art. 52).

Finalmente, el Estado de Derecho implica el sometimiento pleno del poder político, encarnado en el Estado, al Derecho, lo que exige que concurran los siguientes elementos:

a) Imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.
b) Garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
c) Aceptación de la teoría de la división de poderes.
d) Pri